Esta semana, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional mediante el Auto 559 de 2025 del Magistrado Ponente Juan Carlos Cortés González, agrupó 30 acciones de tutela cuyo clamor común era el mismo: el suministro de medicamentos que fueron negados por las EPS.
La Corte reiteró algo que ya ha dicho incontables veces: el suministro oportuno de medicamentos hace parte del derecho fundamental a la salud y no puede estar sujeto a razones administrativas ni presupuestales.
Este Auto no sólo agrupa decisiones judiciales. Es una muestra clara del desequilibrio estructural del Sistema de Salud colombiano, producto de: intervenciones forzosas, disoluciones y liquidaciones de EPS e IPS, escasez de medicamentos, insuficiencia de la UPC, aumento sostenido de acciones de tutela, lo cual conlleva a un desgaste de la administración de justicia y a creciente desconfianza e incertidumbre dentro de la población.
Esta situación demuestra que el problema no es solo de acceso, sino de diseño del Sistema de Salud. La reforma que necesita el país no es la que hoy cursa en el Congreso. Se requiere una transformación estructural que replantee el rumbo financiero del Sistema, incorpore modelos innovadores de sostenibilidad como asociaciones público–privadas (al estilo de las 4G en carreteras), exija resultados en salud, implemente tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar recursos y, sobre todo, fortalezca el sistema de salud como un bien público.
Se requiere una reforma técnica, no política. Una que no solo garantice derechos, sino que construya un sistema verdaderamente sostenible, equitativo y eficiente. De lo contrario, nos veremos abocados no sólo a defender nuestros derechos como pacientes sino al Sistema de Salud en los estrados.
Athenea Saavedra L.